Sin duda, el impacto del cambio climático resulta evidente en fenómenos meteorológicos extremos como la DANA que azotó Valencia y Letur el pasado mes de octubre. La misma dejó un rastro de destrucción en forma de viviendas anegadas, carreteras cortadas, y personas incomunicadas o desplazadas e, incluso, fallecidas. Todo esto, además de necesitar una respuesta urgente, se prevé que sea frecuente a consecuencia del cambio climático. Es por ello que el Gobierno de España ha aprobado recientemente el ya bautizado como ‘permiso climático’, un derecho laboral que protege a los trabajadores frente a las catástrofes naturales.
En este sentido, este permiso permite a los trabajadores ausentarse de sus puestos de trabajo hasta cuatro días, completamente remunerados, en casos de catástrofes naturales. Esta medida incluye situaciones como la imposibilidad de desplazarse al centro de trabajo, riesgos para la seguridad personal o colectiva o la necesidad de realizar tareas esenciales como limpiar el hogar o cuidar de familiares en condiciones de emergencia. Por otro lado, algunas medidas destacables que incluye es el deber de incluir en los convenios colectivos protocolos de actuación ante emergencias climáticas o la potestad de los representantes sindicales de paralizar actividades cuando exista riesgo inminente para la seguridad de los empleados. Además, y en caso de ausencias prolongadas, las empresas pueden solicitar un ERTE por fuerza mayor para mitigar el impacto económico derivado.
Cabe reseñar que este nuevo permiso está inspirado en modelos internacionales como el de Canadá, donde se introdujo como parte de un decreto-ley que modifica su Estatuto de los Trabajadores. Así, este permiso es una de las primeras medidas de este tipo en Europa. Sin duda, la DANA de octubre fue un recordatorio de cómo el cambio climático está redefiniendo el paisaje laboral y social ya que en la Comunidad Valenciana decenas de municipios sufrieron inundaciones severas, mientras que en Letur (Albacete) las intensas lluvias causaron deslizamientos de tierra y el colapso de infraestructuras. Estas situaciones dejaron a cientos de personas sin poder acceder a sus trabajos o gestionar adecuadamente sus responsabilidades domésticas y familiares.
Por todo lo anterior, el ‘permiso climático’ busca aliviar las tensiones que generan estos fenómenos, garantizando que los trabajadores no tengan que elegir entre su seguridad y su trabajo. Además, la normativa fomenta que las empresas adopten protocolos de actuación específicos para mitigar riesgos en estas circunstancias, integrando la sostenibilidad y la responsabilidad social en la planificación operativa. Por tanto, este nuevo derecho laboral no solamente protege a los trabajadores, sino que también introduce obligaciones para las empresas, lo que garantiza que las organizaciones y los trabajadores enfrenten las consecuencias de las emergencias climáticas de forma equitativa y sostenible. Resulta realmente positivo que de una desgracia como la vivida surja una oportunidad para la Responsabilidad Social Corporativa ya que, para las empresas, esta nueva normativa es una invitación a integrar la sostenibilidad y la resiliencia climática en su cultura. Más allá del cumplimiento legal, aquellas corporaciones que adopten una actitud proactiva en la gestión de riesgos climáticos demostrarán su compromiso con el bienestar de sus empleados y su entorno. Y es que, en un contexto donde las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes, este ‘permiso climático’ representa un cambio necesario en la relación entre el trabajo y la naturaleza.
Es un avance que no solamente protege a las personas, sino que refuerza el rol de la sostenibilidad como un pilar fundamental de la sociedad y la economía del futuro.
