El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con sede en Estrasburgo) ha emitido una sentencia sin precedentes: condena a Suiza por violar los derechos fundamentales de su población debido a sus políticas climáticas inadecuadas. Esta histórica decisión surge tras el litigio presentado por la Asociación KlimaSeniorinnen, formada por un grupo de mujeres mayores suizas preocupadas por las consecuencias del cambio climático en su calidad de vida y salud. Así, marca un hito significativo en la lucha contra el cambio climático a nivel internacional: demuestra cómo la sociedad civil y los grupos de interés pueden utilizar mecanismos legales para responsabilizar a los gobiernos y las empresas por sus acciones climáticas insuficientes.
La sentencia, que ha visto la luz tras una larga batalla legal, reconoce que Suiza ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos, particularmente en lo que respecta al derecho a la vida, la salud y la vida privada y familiar sin injerencias indebidas. Este fallo subraya, por tanto, la necesidad urgente de que los estados tomen medidas efectivas para abordar el cambio climático y proteger los derechos humanos de las personas afectadas.
Esta resolución es un recordatorio poderoso de que la justicia climática es una parte integral de la lucha por los derechos humanos y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Ahora, más que nunca, los gobiernos y las instituciones deben actuar con valentía y determinación para abordar la crisis climática y proteger nuestro futuro común. Y en el contexto de la responsabilidad social corporativa, ya que este fallo envía un claro mensaje a las empresas sobre la importancia de adoptar medidas proactivas para mitigar su impacto ambiental y cumplir con los ODS. Queda patente que estas tienen la responsabilidad de contribuir a la lucha contra el cambio climático y trabajar hacia un futuro sostenible para todos.
Pero esta victoria legal no solamente tiene implicaciones para Suiza, sino que también establece un precedente importante para otros países y empresas en todo el mundo, incluida España. La responsabilidad corporativa y los ODS deben estar en el centro de las políticas y prácticas empresariales que se centren en acciones ambientales que, necesariamente, van ligada a los derechos humanos.
En relación a este hito, Irene Rubiera, abogada de Ecologistas en Acción ha declarado que “esta victoria jurídica es la culminación de una larga estrategia por parte de la sociedad civil organizada de todo el mundo de llevar la emergencia climática a los tribunales y marcará un punto de inflexión en el derecho climático en todo el mundo. Si desde el caso Urgenda ya veíamos crecer cada vez más la oleada de litigación climática, después de este precedente el activismo jurídico por el clima será imparable”.
