El Ministerio de Trabajo, sindicatos y la patronal han firmado un acuerdo que resulta pionero a nivel mundial contra la discriminación LGTBI en las empresas. En este sentido, en virtud del Real Decreto 1026/2024, de 8 de octubre, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas y aprobado recientemente, las empresas de más de cincuenta empleados deben tener un ‘Plan LGTBI’ antes del 10 de marzo de 2025. Además, entre las medidas obligatorias que debe incluir, las empresas deberán tener un protocolo frente al acoso y la violencia específico para las personas LGTBI donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo. Tiene que ser pactado a través de la negociación colectiva y acordado con la representación legal de las personas trabajadoras. Además, debe incluir medidas para lograr la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.
Igualmente, es destacable que el periodo de vigencia de las medidas planificadas será el pactado en el convenio colectivo. Sin embargo, si se las medidas se negocian a través de acuerdos a nivel de empresa, su duración será la establecida por las partes negociadoras. De cualquier modo, el período de vigencia o duración de las medidas planificadas en el ‘Plan LGTBI’ no podrá ser superior a cuatro años.
Pero, ¿su incumplimiento conlleva sanciones? La norma incluye penalización para las personas o empresas que vulneren los derechos del colectivo LGTBI, las cuales podrán ir desde 200 euros a 150.000 euros.
Además, las compañías que incumplan con esta obligación no podrán contratar con la Administración y podrían verse obligadas a cesar su actividad durante tres años.
Con respecto al contenido, los planes LGTBi deben contener cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, medidas para que las empresas contribuyan a su contratación, garantía para el desarrollo de la carrera profesional y promoción. También formación para los empleados sobre sensibilización con el colectivo y el uso de un lenguaje correcto y respetuoso. Asimismo, deberán garantizar los permisos y beneficios sociales, reconocer los distintos tipos de familias y tener un régimen de infracciones y sanciones por comportamientos que atenten contra la libertad sexual, orientación o forma de expresarse.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha destacado que “somos un país a la vanguardia en los derechos LGTBI. No sólo en Europa, sino en el mundo” y que aún queda mucho camino “para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”.
