El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un Real Decreto por el que se creó el Sello de Inclusión Social, un distintivo que reconoce a las empresas que promueven la inclusión de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El Sello Social se concibe como una iniciativa de innovación en el ámbito de la colaboración público-privada y la responsabilidad social corporativa, y distingue a aquellas empresas y entidades que contribuyen al tránsito de las personas beneficiarias del IMV, desde una situación de riesgo de pobreza y exclusión hacia la inclusión y la participación activa en la sociedad.
El Sello se concede a las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles públicas, empresas privadas, trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como a las fundaciones que contribuyan a la creación de una sociedad más inclusiva. Para optar a dicho distintivo, las empresas tienen que cumplir unos requisitos, entre ellos, los de desarrollar medidas de inclusión social, encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, no haber sido sancionadas, no causar perjuicio al medio ambiente o disponer de un plan de igualdad.
Existen distintas tipologías del Sello:
- Acceso a bienes y servicios
- Apoyo a la infancia
- Inserción sociolaboral
- Digitalización
Tendrá una vigencia de tres años desde la resolución de la concesión, transcurridos los cuales, si se quiere seguir manteniendo, se tendrá que volver a solicitar.
“El intento del legislador es establecer una coparticipación con el sector privado en esos itinerarios de inclusión y lo hace a través de este Sello de Inclusión Social, que no deja de ser una acreditación para registrar a todas aquellas empresas que ofrezcan oportunidades de empleo y formación a las personas que estén recibiendo ese ingreso mínimo vital” (Javier de la Nava, profesor de macroeconomía CEF-UDIMA y experto en el campo de lo social).
