La implementación exitosa del ODS 11 sobre vivienda requiere una colaboración estrecha entre gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, en la que los criterios ESG y la RSC desempeñan un papel fundamental. La vivienda adecuada es un componente esencial para lograr un desarrollo sostenible y su acceso debe ser inclusivo, sostenible y seguro. La acción coordinada de todos los agentes implicados es crucial para cumplir con este objetivo y así construir un mundo donde la vivienda sea accesible para todos, como lo establece la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En concreto, el ODS número 11.1 enuncia que, para 2030, se debe “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”.
Un análisis de este ODS en virtud de los criterios ESG nos lleva a analizar, en un primer lugar, los criterios ambientales (E), ya que la construcción y el mantenimiento de viviendas pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los criterios ESG ambientales fomentan, por tanto, la adopción de prácticas de construcción sostenible, como son el uso de materiales ecológicos y la eficiencia energética y lo que contribuye a reducir la huella ambiental de los proyectos de vivienda, promoviendo la conservación de los recursos naturales.
Por otro lado, los criterios ESG sociales (S) promueven la inclusión, la igualdad de género y el respeto por los derechos humanos en la construcción y el acceso a la vivienda. Esto se traduce en la promoción de viviendas asequibles y seguras para personas de diferentes grupos demográficos. Además, los criterios de gobernanza (G) enmarcan a las organizaciones involucradas en proyectos de vivienda y que deben operar de manera ética y transparente, refiriéndose por ello, a la gestión responsable de proyectos, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en todas las etapas del desarrollo de viviendas.
Además, en el contexto de la responsabilidad social corporativa (RSC), el ODS 11 se manifiesta de las siguientes maneras: por un lado, como inversión en comunidades, ya que las empresas del sector de la vivienda invierten en comunidades locales, no sólo a través de la construcción, sino también aportando infraestructuras sociales como escuelas, hospitales y espacios públicos, lo que contribuye al bienestar de las comunidades a largo plazo. Por otro, en el compromiso de proporcionar viviendas asequibles, por lo que las empresas deben buscar soluciones innovadoras para abordar la falta de viviendas adecuadas y garantizar que las personas de bajos ingresos tengan acceso a hogares de calidad. Finalmente, la RSC también se manifiesta como prácticas empresariales éticas y transparentes en la gestión de proyectos de vivienda, lo que incluye la divulgación de información sobre impactos ambientales y sociales, así como la promoción de prácticas comerciales responsables.
